Homenaje del Ayuntamiento de Valladolid a su personal trabajador represaliado durante el franquismo: La depuración del Ayuntamiento republicano de Valladolid

La depuración del Ayuntamiento republicano de Valladolid.

Investigación realizada por María Jesús Izquierdo García y José Mariano Rodríguez Rico[1]

Afortunadamente, cada vez se conoce más la represión a la que fueron sometidas las corporaciones locales republicanas de nuestro país, e incluso se han realizado actos de reparación de alcaldes y concejales represaliados tras el golpe de Estado de julio de 1936. Pero junto a estas corporaciones también estaba la clase trabajadora, empleadas/os y funcionarias/os que sustentaron y defendieron la legalidad democrática hasta el final. Hombres y mujeres de todas las secciones obreras que pagaron incluso con su vida la reivindicación de sus derechos y su posicionamiento a favor de la justicia social y de la legalidad democrática. Por defender el gobierno del Frente Popular y las conquistas sociales y políticas, se volvieron incompatibles y peligrosos para el nuevo régimen totalitario que se iba a construir, y, por ello, hacia ellas y ellos se dirigió una violencia aún poco conocida.

Esta depuración de la clase trabajadora fue un mecanismo de exclusión del adversario político y de control ideológico que buscaba el castigo de los desafectos, la intimidación de los indecisos y la promoción de los adictos. Fue una forma de coacción que pretendía la sumisión total al nuevo régimen, una represión más “silenciosa” que otras de las que hicieron alarde los franquistas, y que supuso un potente mecanismo de marginación y exclusión social.

Un ejemplo muy claro lo tenemos en Valladolid, donde las trabajadoras y los trabajadores municipales fueron sometidos a una depuración que arroja un resultado que muestra la potencia de la maquinaria represiva franquista y que no puede dejarnos indiferentes: más de 200 fueron sancionados, cesados o despedidos y, por si estos castigos no fueran suficientes, 76 sufrieron la represión física (de ellos, 21 fueron asesinados o murieron en la cárcel).

Personal de oficinas, ordenanzas, vigilantes, carpinteros, electricistas, bomberos, jardineros, barrenderos, policías, trabajadores de los mercados, del matadero, del cementerio, matronas, etc., fueron declarados culpables. ¿De qué?: de liderar la huelga revolucionaria de octubre de 1934, de ser dirigentes de sindicatos, de estar afiliados a la UGT, a la CNT, de ostentar cargos en partidos políticos democráticos, de ser socialistas, comunistas y anarquistas, de promover paros y huelgas, de participar en la resistencia frente al golpe de Estado, de sostener la República y el Ayuntamiento democrático…; en definitiva, de ser los protagonistas de la lucha obrera y de defender la legalidad y la libertad.

La defensa del Ayuntamiento

Para entender quiénes fueron los/las protagonistas de esta depuración, es necesario conocer qué pasó durante los días 17-19 de julio de 1936 en el Ayuntamiento vallisoletano, para lo que contamos con declaraciones de protagonistas y testigos. Algunos de ellos vivían en el tercer piso de la casa consistorial, por lo que sus testimonios aportan una idea muy fidedigna de lo que ocurrió aquellos días[2].

• 17 de julio de 1936

Lo habitual era que los porteros y ordenanzas se retiraran de sus puestos tras terminar las sesiones ordinarias de la corporación municipal, pero el viernes 17 de julio, y ante los rumores y la tensión que ya se vive en la ciudad, se celebra una reunión extraordinaria para valorar la situación que se está produciendo. Fue una reunión semisecreta que requirió la colaboración de los ordenanzas, a quienes se les manda vigilar las puertas de la calle Jesús o de la Consejería, como lo hicieron Mariano de Vega y Mariano González hasta las 3.00 de la mañana[3].

Las órdenes eran claras: no dejar entrar a nadie que no fuese concejal o empleado de la casa. Dentro del edificio, la vigilancia de la puerta de la alcaldía (en el segundo piso) estará a cargo de los trabajadores Darío Cortijo, Salvador García y Eulalio Carbajosa[4].

Los reunidos esa noche en el despacho de la alcaldía hasta la 1.15 horas de la madrugada fueron:

Los concejales González Cuevas, García Conde, Caballero, Alcover, el alcalde (que entró por la puerta de bomberos o de guardias), Rufino del Pozo, Polanco, Lamarca, Vallejo, Lefler, Landrove Moiño, el presidente de Izquierda Republicana Vicente González, Getino, Amadeo Arias, un tal Franco, temporero de vías y obras, y “un catalán o aragonés” de nombre desconocido». [Algunos testimonios también señalan que estuvieron] “el jefe técnico de Hacienda Nieto y el director del matadero”[5].

• 18 y 19 de julio de 1936

El día del golpe de Estado, desde las 17.30 horas de la tarde ya hay mucha tensión por las calles (se ha producido la sublevación de los guardias de asalto) y desde el ayuntamiento se ve correr a gente por la calle Santiago. Un testigo declara que desde la terraza de la casa consistorial, sobre las 19.15 horas, el alcalde, Darío Cortijo y el concejal Serafín Alcover están observando lo que ocurre en el centro de la ciudad.

A partir de las 20.00 horas la intranquilidad aumenta: militares, guardias de asalto, falangistas… van tomando los edificios de Correos y Telégrafos, Telefónica y la Radio, desde donde se lanza la primera noticia sobre el golpe de Estado en la ciudad.

A las 21.30 de la noche se inicia un incendio en la puerta de la iglesia de San Esteban (situada en el actual santuario de la Gran Promesa), cuya autoría se achaca a los “elementos marxistas”. Para sofocarlo, se solicita la presencia de los bomberos, que se niegan a cumplir la orden. Será entonces cuando la guardia de asalto se dirija hacia el ayuntamiento apuntando con sus armas hacia la puerta principal, efectuándose disparos que se mantuvieron durante varias horas de la noche[6]. El conserje cerrará las puertas de la casa consistorial, y los concejales que aún estaban dentro abandonan el edificio por la puerta de atrás (la de los guardias):

Fue a las doce de la noche, cuando el guardia municipal San José subió al piso de los empleados y les comunicó que estaban disparando a la casa consistorial porque “estaba ardiendo la iglesia de San Esteban y los bomberos no querían salir a cumplir con su misión”. Asimismo, les comunicó que la Guardia Civil se había sublevado y que una sección de la Guardia de Asalto avanzaba hacia el ayuntamiento apuntando con las armas y diciendo “cuerpo a tierra”, Que el conserje cerró la puerta y por la zona de los guardias municipales salieron varios concejales[7].

Durante la noche, y hasta que el Ayuntamiento caiga en manos de los golpistas, solo permanecen en el edificio los empleados municipales que vivían allí, el sereno Mariano González, los guardias de servicio[8] y los bomberos de retén[9]. Escasos y valientes efectivos que se resisten a entregar la casa consistorial y que después serán acusados en sus expedientes de disparar desde dentro del edificio y de no facilitar la entrada de las fuerzas del Ejército[10].

Desde el cuartel de Farnesio, ya de madrugada, con el capitán Benjamín Martín Duque al frente, los militares se dirigen a tomar el Ayuntamiento. Repartidos por la calle Pasión y plaza Rinconada, y con ametralladoras situadas en diversos pisos, a las 6.00 de la mañana fue el capitán Méndez Vigo el que se acercó hasta el edificio por la parte posterior. Tras ordenar abrir las puertas, se avisó al conserje para que cumpliese la orden.

Así lo relata el ordenanza Gonzalo Sánchez:

Entrando de servicio en el Ayuntamiento en la puerta de guardias municipales a las 6 de la mañana del día 19 de julio, el sereno le dio las llaves delante de un guardia llamado Sierra y de una tal Damiana que viene a la casa a limpiar. Que comenzó el servicio… que, estando abriendo el llavero de Consejería, se presentó el capitán Méndez Vigo para que abrieran las puertas del ayuntamiento. [Salvador García] llamó al conserje…, que abrió la puerta a la vista del oficial.

Una vez dentro, lo primero que hicieron fue detener a los bomberos. A partir de este momento, la maquinaria de la depuración se pone en marcha.

Cuerpo de bomberos de Valladolid. Foto cedida por Antonio Valseca, neto del asesinado Isidoro Valseca

Relato de Félix Armengod sobre la detención de los bomberos.
Documento cedido por Antonio Valseca, neto del asesinado Isidoro.

El proceso depurador

Objetivo de la depuración

La depuración es una pieza más de la violencia política del franquismo. El objetivo no fue otro que realizar un proceso de limpieza ideológica que privara de sus puestos de trabajo a todo aquel personal que por su ideología política era contrario al Nuevo Régimen y podía influir negativamente en su desarrollo. Aunque las depuraciones laborales más investigadas han sido las relacionadas con el magisterio y la enseñanza, estas se dieron en todos los ámbitos de la Administración, sin olvidar que el proceso se llevó también a cabo en las empresas privadas.

Se buscaba el castigo de los desafectos al golpe de Estado, pero también la intimidación y coacción y sumisión de todos los demás, así como la promoción de los adictos. No se trataba solo de castigar, sino de “sacar” a los potenciales enemigos del nuevo Régimen de la sociedad, con su exclusión de la sociedad civil.

El control sobre todos los sectores de la Administración pública fue exhaustivo y todos los niveles fueron depurados. Los Ayuntamientos que quedaron desde el 18 de julio en manos de los sublevados fueron inmediatamente depurados con órdenes, bandos y comunicaciones emitidos por las nuevas autoridades locales, incluso antes de que se consolidara una reglamentación sistemática para llevar a cabo el proceso.

Breve marco legislativo

Al estallar la guerra, tanto el Gobierno republicano como los sublevados prescindieron de los funcionarios y trabajadores públicos que no eran adictos[11]. En el caso de la España del Gobierno legítimo, desde el mes de julio los funcionarios tuvieron que presentar una instancia para solicitar su readmisión, mientras que en el bando sublevado, diez días después del golpe de Estado, el 28 de julio de 1936, se ordenó a todos los funcionarios prestar auxilio para restablecer el orden[12], y desde septiembre de 1936 se exigió que todos los funcionarios o empleados públicos se incorporasen a sus puestos, bajo amenaza de ser declarados cesantes.

A partir de este momento se dictan innumerables disposiciones, leyes, órdenes y decretos, tanto a nivel nacional como local, para cada cuerpo funcionarial, y de aplicación para el ámbito estatal y las instituciones provinciales, municipales y empresas de servicios públicos[13].

Uno de los más más importantes fue el Decreto 108/1936, de 13 de septiembre, de la Presidencia de la Junta de Defensa Nacional[14], que, destinado a declarar fuera de la ley a todos los partidos políticos y agrupaciones políticas o sociales del Frente Popular, dedica dos artículos a la depuración de los trabajadores:

Comienza así el desarrollo de una maraña legislativa que como una tela de araña va atrapando cualquier indicio que sirva para depurar a las trabajadoras y trabajadores. En Valladolid, se basa en la siguiente legislación[15]:

• Noviembre de 1936: Orden disponiendo que las normas contenidas en los artículos 3.º y 4.º del Decreto 108, dictado por la Junta de Defensa Nacional, serán aplicables a los funcionarios públicos[16].
• Diciembre de 1936: Decreto Ley, donde se dictan reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados (es un intento de fijar unas normativas, dado que los procesos de depuración se estaban desarrollando de manera desigual)[17]:

El Movimiento Nacional requiere como medida indispensable que todos aquellos ciudadanos que, desempeñando funciones públicas, hubieran contribuido con su actuación política y social significada a que España llegara al estado de anarquía y barbarie aún padecidos por algunas provincias, sean debidamente sancionados como garantía de justicia, sin que las resoluciones de esta clase puedan ser impugnadas ante la jurisdicción contenciosa, a la cual solamente le corresponde actuar dentro de situaciones normales de Derecho.

Articulo 1.- La Junta Técnica del Estado y demás organismos creados por Ley del primero de octubre último dispondrán la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados que, por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional, se consideren contrarios a este, cualquiera que sea la forma en que ingresaren y la función que desempeñen, lo mismo se trate de funcionarios del Estado que de la Provincia o Municipio.

• 1937: Orden determinando la forma en que las corporaciones locales deberán resolver los expedientes incoados a sus funcionarios[18].
• 1938: Orden sobre aplicación de sanciones por desafección al Movimiento Nacional a funcionarios de la Administración Local[19].
• 1938: Orden facultando al Ministerio del Interior para depuración del personal de Corporaciones locales[20].
• 1939: Decreto sobre depuración de funcionarios de Corporaciones y Empresas concesionarias de Servicios públicos[21].
• 1939: Orden determinando la cuantía de los haberes que han de percibir los funcionarios civiles sometidos a depuración durante el tiempo que esta se efectúa[22].
• 1939: Orden aclarando la de 29 de abril último sobre percibo de haberes por los funcionarios a depuración (en este caso se señala que aquellos a quienes se incoe expediente como resultado de la información practicada, empezarán a percibir el 50 % de los haberes que les correspondan desde la fecha en que se acuerde por el Ministro respectivo la apertura del expediente)[23].

Esta profusa legislación quería asegurar que todos los funcionarios pasaran por la purga y organizar cuanto antes las estructuras del nuevo Régimen. En este sentido, será en la ley promulgada poco antes de finalizar la guerra (ley de 10 de febrero de 1939) donde se fijen las normas para todas las áreas de la Administración pública y también para las empresas, quedando toda la legislación anterior y posterior a su entrada en vigor supeditada a dicha norma[24].

Esta ley de febrero de 1939 solo regulariza algo que ya se estaba haciendo desde el inicio del golpe de Estado, pero que ahora requiere más rapidez para imponer sanciones adecuadas “a los que incumpliendo sus deberes contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por la violencia se apoderaron, fuera de toda norma legal, de los puestos de mando de la Administración”[25].

Este proceso, que contará con jueces específicos para cada sector funcionarial, se mantendrá abierto hasta 1975.

La depuración en Valladolid

Tras el golpe de Estado, todas las personas que trabajaban en el Ayuntamiento van a ser investigadas. La tramitación de los expedientes se pone en marcha inmediatamente, y los más significados por su defensa del régimen republicano son separados inmediatamente de su puesto y/o sufrirán otro tipo de represión[26].

Desde el mes de septiembre, muchos funcionarios y obreros del servicio de consumos, mercados, vías y obras, guardias municipales… son separados de su cargo y serán sometidos a la tramitación de sus expedientes de depuración[27].

No es objetivo de este breve informe especificar cómo se desarrolla todo el proceso depurador, que investigaba las ideas políticas, sus hábitos personales, actitudes religiosas, etc. (mediante declaraciones de testigos e informes de la Policía, Guardia Civil, Falange, Ayuntamiento, curas párrocos, vecinos…), pero sí queremos destacar que, en una primera fase, se expulsará a los empleados de la Administración mediante órdenes emanadas de la autoridad militar o de los nuevos gestores, independientemente de que estuviesen trabajando en esos momentos, hubiesen sido detenidos o asesinados.

Una segunda fase del proceso presenta una metodología más sistemática (denuncias, indagaciones…) que, además del propósito depurador, tiene un objetivo de marginación y exclusión social: el “enemigo” había perdido la guerra, pero había que controlarle, castigarle o eliminarle.

La realidad es que, tras el golpe de Estado, un gran mayoría de este colectivo es suspendida de empleo y sueldo mientras se depuran responsabilidades por sus actuaciones antipatrióticas y contrarias al “Movimiento Nacional”.

Las comisiones presididas por varios gestores del ayuntamiento presentan sus resultados en octubre de 1936, atendiendo al siguiente criterio dictado por los jueces instructores[28]:

1. Existe un personal que no merece en absoluto la confianza que se necesita para desempeñar funciones municipales y… para que se tenga la seguridad de que ha de servir con lealtad al régimen implantado en el Movimiento de 18 de julio pasado. Esta falta de confianza es debida a sus ideas marxistas y revolucionarias, a sus hábitos y a su actuación política. Por tanto, juzgamos necesario que el Ayuntamiento en la forma más oportuna y conveniente se desprenda de ellos, pues su permanencia en los servicios constituye un peligro grande que no es necesario…
2. También existe un personal que, si bien sus ideas marxistas no son las del nuevo Régimen, les creemos de posible aprovechamiento para la labor municipal y útiles al régimen implantado, previo siempre un castigo severo que V. E. determinará, para ejemplaridad en sucesivas situaciones, pues estas ideas de que anteriormente alardeaban no son en ellos de un arraigo grande, sino solamente motivadas por las circunstancias del momento, aunque no supieron librarse de su influencia perniciosa.

Siguiendo estas indicaciones, y clasificados según la recomendación anterior, el 27 de octubre de 1936, se propone la baja definitiva y pérdida de derechos para 33 miembros del servicio de consumos y otras sanciones menores a 11 trabajadores de la misma sección[29].

Lo mismo ocurre ese día con el personal de los mataderos (se solicitan cuatro bajas definitivas y otras sanciones menores a 15 trabajadores). Será en marzo y mayo de 1940 cuando los expedientes se resuelvan definitivamente[30].

El 27de noviembre de 1936 será el cuerpo de bomberos el depurado: se propone que 11 sean cesados definitivamente y otro suspendido de empleo y sueldo. Las sanciones definitivas se dictarán el 13 de agosto de 1937 y el 25 de marzo de 1938 (finalmente, serán 7 los dados de baja)[31]. En el caso de este cuerpo municipal, además de las acusaciones habituales, sobresale por encima de todas su negativa a salir a sofocar el incendio de la iglesia de San Esteban, lo que se entiende como un intento de resistencia al golpe de Estado.

El 2 de diciembre de 1936 son los de la sección de edificaciones los depurados, señalándose que todos han pertenecido a la Asociación de Obreros Municipales afiliada a la Casa del Pueblo y proponiéndose la destitución para 8 de ellos.

El 27 de enero de 1937 se presentan las conclusiones para los miembros de la guardia municipal, recomendando la baja definitiva con pérdida de todos sus haberes activos y pasivos de 14 miembros de este cuerpo, un traslado de servicio y 7 suspensiones de empleo y sueldo durante 30 días[32].

El 17 de marzo de 1937 se propone la destitución de 4 trabajadores de los mercados y el 13 de agosto son destituidas cuatro porteras escolares[33].

El 6 de marzo de 1940 se resuelven los expedientes instruidos a los obreros del servicio de limpieza: para 17, dado que “sus ideas izquierdistas no tenían en ellos arraigo grande”, se pide su readmisión; para otros 17 se pide su destitución; 8 trabajadores interinos de este servicio, que estaban suspendidos de empleo y sueldo, son condenados a la pérdida de todos sus haberes y, además, se indica que no pueden ser repuestos en sus cargos porque ya están ocupados por personas afectas[34].

El reemplazo de todo este personal será controlado por el Servicio de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo, que siguiendo una ley del 25 de agosto de 1939 reservaba el 80 % de las plazas a los vencedores de la guerra: 20 % para Caballeros Mutilados por la Patria, 20 % para oficiales provisionales y de complemento con Medalla de la Campaña, otro 20 % para excombatientes con la misma distinción, 10 % para excautivos y el último 10 % para familiares de víctimas[35]). Algo parecido sucedería también en las empresas privadas. Además, aunque se presentaron muchos recursos a partir de los años 50, en su inmensa mayoría las sanciones fueron ratificadas y permanecieron en vigor hasta la llegada de la democracia.

Acusaciones

Para entender a quién iba dirigido este proceso de control y castigo, nada mejor que conocer las acusaciones que sustentaron esta represión.

• Pertenencia a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, afecta a la Casa del Pueblo y, sobre todo, haber ostentado cargos dentro de la misma.

A esta sociedad pertenecían la mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento, como lo señala el obrero Pedro Miguel Rodríguez, que declara el 16 de noviembre de 1936 lo siguiente:

Los cargos que se me hacen son inexactos, no he pertenecido nunca a ninguna política de izquierdas ni de Frente Popular, y sí a una sociedad netamente particular de obreros y empleados municipales, tal como Vías y Obras, Fontanería, Empedradores, canteros y asfaltistas con sus aparejadores y jardines con su director, limpieza empezando por el jefe y todos los barrenderos, cementerio, todos sus empleados y conserje, Casa de Socorro todos los médicos, practicantes y ordenanzas, saneamiento, todos, bomberos, todos, guardas, todos, mercados todos con sus administradores, Ayuntamiento de sus oficinas su mayoría[36].

Las asociaciones de funcionarios y obreros habían sido creadas en la década de los años 20 con un carácter esencialmente mutualista y benéfico[37], evolucionando durante la II República hacia agrupaciones con actividad política y sindical. De hecho, en nuestra ciudad existía en 1920 la Sociedad Cooperativa de Funcionarios Públicos con 1729 afiliados, que a mediados de 1932 se organizaron bajo la enseña de la UGT en el Sindicato de Funcionarios Municipales:

Bajo la enseña de la Unión General de Trabajadores se han cobijado los funcionarios municipales de Valladolid, con el alto ideal de, acatando la legalidad vigente nacida del impulso generoso del pueblo por imperio de la justicia, ir laborando con su esfuerzo modesto pero entusiasta y generoso por un régimen de una mayor justicia social[38].

Fotos cedidas por Antonio Valseca, nieto del asesinado Isidoro Valseca

El primer lugar donde se reunían los trabajadores que pertenecían a esta asociación fue el local de quintas del ayuntamiento y de aquí pasaron al Pasaje Gutiérrez. Con Landrove y Quintana será cuando se instalen en un local de la Casa del Pueblo a cambio de una renta, adquiriendo desde entonces un carácter más político y reivindicativo.

En algunos pliegos de descargo, muchos obreros justifican su pertenencia a esta sociedad por presión o por creer que tenía un carácter mutualista, pero no servirá de nada, ya que las autoridades depuradoras insisten en que “todos sabían perfectamente que el fin de esa sociedad era el de resistencia netamente política y de extrema izquierda”. Así ocurre con los ocho trabajadores de la sección de edificaciones, para quienes se pide la baja definitiva en noviembre de 1936 por haber:

Pertenecido a la Asociación de Obreros Municipales afiliada a la Casa del Pueblo, no observando una conducta pasiva durante su permanencia, sino que por el contrario han sido elementos activos en el orden sindical por cuyo motivo no pueden merecer confianza alguna al nuevo régimen[39].

• Otra de las principales acusaciones será la participación de estos trabajadores en la revolución de octubre de 1934. De hecho, la mayoría de los represaliados físicos (muerte o cárcel) habían estado implicados en estos acontecimientos:

Durante los pasados sucesos revolucionarios fueron varios los servicios municipales que quedaron desatendidos por los dependientes del Municipio que se declararon en huelga, causando a aquel quebrantos de consideración y alarma y perjuicio a la ciudad. (…) A fin de depurar las responsabilidades que puedan alcanzar a aquellos con notoria indisciplina o pasividad en el cumplimiento del deber, nos permitimos proponer: 1.º que se acuerde abrir los oportunos expedientes (…), 2.º Como consecuencia de ello, que se depuren y sancionen con arreglo a la ley y por medio de oportunos expedientes las responsabilidades individuales en que haya podido incurrir cada uno de los funcionarios y dependientes municipales (…)[40].

Especialmente activa y acorde con la revolución del 34 fue la actitud de los bomberos:

En el parque de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid se ocultaban armas para la revolución. No nos sorprende, antes bien, pensamos que dada la constitución de nuestro Ayuntamiento, era este uno de los muchos lugares municipales donde hubiera sido posible encontrarlas. […] Los detenidos han prestado, según nuestros informes, extensas declaraciones en las que se pone de manifiesto la participación de cada uno en el hecho[41].

Este posicionamiento a favor de la revolución de octubre ya fue castigado en su momento, como lo demuestra la orden del 19 de octubre de 1934 del alcalde Mariano Escribano mandando depurar la responsabilidad de aquellos que “con notoria disciplina o pasividad en el cumplimiento del deber abandonaron sus obligaciones”[42]. Se solicitó también abrir los oportunos expedientes para los empleados municipales que durante los días 4-7 de octubre de 1934 abandonaron sus destinos y se declararon en huelga. Por su parte, los nueve directivos de la junta del Sindicato de Funcionarios municipales fueron detenidos[43]: Isidoro Valseca, Felipe Rebollo, Juan García Díez, Marcial Mínguez, Gaspar Conde, Félix Martín, Fernando González, Juan Carbajosa y Félix Vaquerizo. Asimismo, el 23 de noviembre de 1934 se dio cuenta de un expediente general de responsabilidad por abandono del puesto, ya que los servicios municipales que quedaron total o parcialmente desatendidos durante los conflictos fueron:

Secretaria general, consumos, jardines, central eléctrica del salto de Esgueva, edificaciones, parque, limpieza, vías y obras, matadero, cementerio y mercado del val (las pérdidas ocasionadas en la central eléctrica y consumos se elevan a 200.000 pts y 8000 pts respectivamente). Para individualizar el grado de responsabilidad que a cada uno de los funcionarios y obreros municipales pueda alcanzar se abren los correspondientes expedientes[44].

• Pertenencia a partidos, sindicatos o asociaciones de ideología republicana, socialista, comunista y anarquista: pertenecer a la Casa del Pueblo o al Casino Republicano, o haber mostrado apoyo al Frente popular, estar afiliados o pertenecer a UGT, CNT, Socorro Rojo o a sociedades progresistas como “Conciencia libre”… será suficiente para ser depurados y castigados por esta militancia.
• Participación en las huelgas convocadas en la ciudad desde 1917 y hasta el mismo día del golpe de Estado, especialmente en las generales del 5 de mayo y del 19 de junio de 1936[45].
• No acudir a trabajar el día 19 de julio, como hicieron los bomberos a pesar de los reiterados avisos que por radio se dieron el día 19. En el caso del cuerpo de bomberos, hay que resaltar una acusación específica: su negativa a salir a sofocar el incendio de la iglesia de San Esteban. Doce bomberos serán suspendidos de empleo y sueldo desde julio de 1936 (las resoluciones definitivas se extienden hasta marzo de 1938) y por ello también sufrirán otro tipo de represión[46].
• Actitudes anticlericales, laicas, agnósticas, ofensas a la religión católica, lectura de periódicos de izquierdas…

Cuantificación de la depuración

Sabemos por los presupuestos del Ayuntamiento para el año1936 que la plantilla era de 952 personas, de las cuales eran hombres 880 (92,44 %) y 72 mujeres (7,56 %)[47]. Hasta noviembre de 2021, hemos encontrado documentación de 238 expedientes. Teniendo en cuenta esta cifra, un 25 % de la plantilla fue depurada.

El castigo más utilizado fue la separación definitiva de sus puestos (un 57,56 %), seguido de la suspensión de empleo y sueldo, que podía ir desde los cinco días a los veintiún meses (21,42 %)[48]. Inhabilitaciones, amonestaciones, traslados de servicio… serán otras de las medidas utilizadas para controlar la actuación de las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento.

Por secciones, el servicio más castigado administrativamente fue el de Consumos, con un 28,57 %, seguido de Vías y Obras (16,8 %) y de los guardias municipales (14,70 %)[49].

Pero si terminar con su medio de vida no era suficiente castigo, 76 personas sufrirán la represión física (muerte o penas de cárcel), es decir, casi el 32 %.

Dentro de esta represión física, el castigo habitual fue la cárcel, contabilizándose 55 personas encarceladas (en torno al 72 %), repitiéndose el mismo parámetro que en la depuración administrativa: el mayor número de encarcelados pertenece a Consumos (23,63 %), seguido de Vías y Obras (18,1 %)[50]. Y, por último, el proceso represivo sesgó la vida de 21 trabajadores, siendo la mayoría asesinados extrajudicialmente (16), a los que hay que añadir tres fusilados por sentencias de procesos judiciales y dos muertos en la cárcel”[51].

 

Autores:

María Jesús Izquierdo, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, es docente de Historia y correctora de textos para distintas editoriales y la Unidad de Corrección de Estilo de la Universidad Isabel I de Burgos. Desde el 2002 centra sus trabajos de investigación en el estudio de la guerra civil y la represión franquista en Valladolid. Entre sus labores relacionadas con esta temática, destaca la coordinación de las obras La revolución educativa en la segunda república y la represión franquista, publicada por la UVA en 2014, y Cuando luchar es sobrevivir. Resistencia(s) de las mujeres frente a los totalitarismos (Comares, 2022). Su obra Pizarras vacías, premiada por la Diputación de Valladolid y publicada por la UVA en 2015, puso nombre y apellidos a los centenares de docentes represaliados en la ciudad y provincia. En la actualidad, organiza talleres de memoria democrática, que se imparten en el ámbito universitario, en Educación Secundaria y en diversos espacios cívicos, y centra sus investigaciones en las resistencias que organizaron las vallisoletanas y los vallisoletanos para defender la democracia y la libertad ante el golpe de Estado de julio de 1936.

José Mariano Rodríguez Rico, investigador y activista del movimiento de recuperación de la memoria democrática. Autor junto a María Jesús Izquierdo del artículo “El interés de la memoria versus la memoria interesada. El triunfo del silencio sobre los vencidos de Peñafiel (Valladolid)”, publicado por la editorial Comares en 2019 y de la Introducción del libro de César de la Torre, Guerra Civil y represión en Zaratán, publicado por la ARMH de Valladolid en 2010.

Fuentes consultadas

Valladolid 1936. Todos los nombres. Edición de la ARMH de Valladolid, 2014.

Archivo Municipal de Valladolid (AMVA)

• Libros de Actas Municipales desde 1934 a 1940
• Correspondencia Registro General (campos de concentración, juzgados militares, ministerios, prisiones, juzgados civiles y especiales, juzgado instructor de responsabilidades políticas, ayuntamientos, Gobierno Civil, ferrocarriles, Alcaldía, Gobierno Civil, varios)
• Expedientes de depuración
• Informes sobre el personal
• Acuerdos de 1937 y 1938
• Libro de enterramientos 3241
• Padrón de 1935
• Padrón de 1940
• Órdenes del gobernador civil para entierros

Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPVA)

• Fondo Gobierno Civil
• Fondo Prisión Provincial
• Fondo Juzgados
• Fondo Juzgado de Instrucción de Distrito y Plaza
• Fondo Juzgado de Instrucción de Audiencia
• Denuncias y depuraciones
• Beneficencia
• Hospital Provincial

ATM IV del Ferrol

• Procesos judiciales y diligencias previas referidos a Valladolid
• Fondo Varios, Relación de detenidos gubernativos

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

• Juzgados especiales
• Juzgados Plaza
• Justicia Contemporánea: Expedientes de Responsabilidades Políticas y Libertad Vigilada

Hemeroteca:

El Norte de Castilla

Diario Regional

Tabla-listado e información de todas las trabajadoras y trabajadores depurados y represaliados

NOTAS

[1] Para realizar este trabajo, los autores han contado con la inestimable colaboración de Gonzalo Franco Blanco y José Andrés Herranz Zurro.

[2] Todo el relato se ha elaborado a partir de las declaraciones hechas por los trabajadores en sus expedientes de depuración, pero especialmente rica en este sentido es la información que figura en el Archivo Municipal de Valladolid (en adelante AMVA), Expedientes de depuración, Caja 382, Carpeta 34.

[3] Ambos serán encarcelados tras el triunfo del golpe de Estado.

[4] Darío Cortijo y Eulalio Carbajosa serán asesinados, y Salvador García encarcelado.

[5] Ildefonso Nieto declaró que fue a la alcaldía porque tenía un hermano detenido en Ávila y que solo quería saber noticias suyas. El director del matadero, Aurelio Chaves, será encarcelado.

[6] También sabemos que la Guardia Civil se presentó en la puerta de los guardias para saber quién estaba dentro del ayuntamiento, pero no llegaron a comprobarlo.

[7] La noche del 18 al 19 subió el sereno con dos guardias municipales (“uno San José y el otro uno fuerte que llevaba galón en el brazo izquierdo”) “a decir a los empleados que viven en el tercer piso que los bomberos no querían salir”.

[8] Fernando San José Vigo: estuvo de servicio la noche del 18 al 19 de julio de 1936 junto con los guardias Jacobo Velasco, Gumersindo Álvarez, Manuel Matesanz y los hermanos Foral.

[9] Su negativa a salir a sofocar el incendio les costará muy cara (solo cinco de los bomberos que estaban esa noche de servicio se librarán de la represión).

[10] ATMIV del Ferrol, Caja 190, Causa 63/1936.

[11] Gaceta de Madrid, Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1936, acordando la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen, tanto si fueran funcionarios o empleados de organismos o empresas administradoras de monopolios o servicios públicos.

[12] Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 3 de 30 de julio de 1936.

[13] Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 20 de 12/09/1936.

[14] Boletín Oficial del Estado, núm. 22 del 16 de septiembre de 1936: El artículo tercero establece que los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio o concesionarias de servicios púbicos podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional. El artículo cuarto establece que tales correcciones o suspensiones serán acordadas por el superior jerárquico previa la formación del oportuno expediente

[15] AMVA, Expedientes de Depuración, Caja 357, Carpetas10-10 y 10-23.

[16] Boletín Oficial del Estado, núm. 18 de 1 de noviembre de 1936: “Serán aplicables a los funcionarios públicos sin distinción, ya sean administrativos, judiciales o fiscales y, en general, a todo el que por disposición de la Ley, por elección popular o por nombramiento de autoridad competente tuviere participación en el desempeño de funciones públicas”.

[17] Boletín Oficial del Estado, núm. 51 de 9 de diciembre de 1936.

[18] BOE, núm. 77 de 5 de enero de 1937.

[19] BOE, núm. 468 de 1 de febrero de 1938.

[20] BOE, núm. 171 de 18 de diciembre de1938.

[21] BOE, núm. 59 de 28 de febrero de 1939.

[22] BOE, núm. 120 de 30 de abril de1939.

[23] BOE, núm. 155 de 4 de junio de1939

[24] BOE, núm. 45 de 14 de febrero de 1939.

[25] Para ello se dispuso que todos los funcionarios debían presentar en el plazo de 8 días y ante las jefaturas provinciales una declaración jurada con todos sus datos personales y profesionales y su actitud ante el “Movimiento Nacional”, información sobre los partidos y sindicatos a los que pertenecían, etc. Además, el instructor podía recabar información de dependencias administrativas, tribunales, servicios de información… Si no presentaban la declaración, se les separaba del servicio.

[26] En este momento, los que habían sido depurados por las autoridades republicanas o aquellos manifiestamente partidarios del nuevo régimen fueron inmediatamente readmitidos, mientras que el resto tuvo que pasar por las comisiones de depuración.

[27] Todos los datos que se aportan en este informe proceden de la documentación de los expedientes de depuración y de los libros de las actas municipales del Ayuntamiento (en adelante, LAM), ambos fondos depositados en el Archivo Municipal de Valladolid (ver fuentes consultadas). La información exhaustiva puede consultarse en la tabla que se adjunta en este trabajo.

[28] AMVA, Expedientes de depuración, Caja 357, Carpetas 10-10 y 10-23.

[29] El 20 de enero de 1937 se registran en las actas del Ayuntamiento todas estas propuestas. Solo 10 serán los miembros de esta sección para los que no se proponga sanción y uno más se librará en estos momentos de la depuración por estar movilizado.

[30] AMVA, Expedientes de depuración, Caja 357, Carpeta 10-23 y LAM, 6 de marzo y 28 de mayo de 1940.

[31] AMVA, Expedientes de depuración, Caja 357, Carpetas 10-10 y 10-23 y LAM, 13 de agosto de 1937 y 25 de marzo de 1938.

[32] AMVA, LAM, 27 de enero de 1937.

[33] AMVA, Expedientes de depuración, Caja 357, Carpeta10-22 y LAM, 17 de marzo de 1937.

[34] LAM, 6 de marzo de 1940.

[35] Las porteras escolares destituidas el 13 de agosto de 1937 serán sustituidas por viudas de personas muertas en el frente o hijas de huérfanos por el mismo motivo[35].

[36] AMVA, Expedientes de depuración, Caja 806, Carpeta 22.

[37] Declaración de Abraham vela bombero: “No ha pertenecido a ningún partido, solo al Sindicato Montepío de Empleados y Obreros Municipales, a cuyo sindicato pertenecen el 90 por ciento de los empelados y, además, por estar reconocido por el Ayuntamiento y ser requisito indispensable para pertenecer a la mutualidad médico-farmacia y demás beneficios”.

[38] AMVA, Leg. 561, Caja 451, exp.1: Estatuto de Funcionarios Municipales.

[39] AMVA, Expedientes de depuración, Caja 806, Carpeta 22.

[40] AMVA, Caja 379, Exp. 4, 19 de octubre de 1934.

[41] El Norte de Castilla, 16 de octubre de 1934.

[42] AMVA, LAM, 19 de octubre de 1934.

[43] El Norte de Castilla, 24 de octubre de 1934.

[44] AMVA, LAM, 23 de noviembre de 1934.

[45] Por su participación en la huelga general de junio se les abrió expediente a los bomberos: El Norte de Castilla, 21 de junio del 36.

[46] AMVA, Expedientes de depuración, Caja 357, Carpetas 10-10 y 10-23. Véase también tabla con los trabajadores represaliados.

[47] https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=804

[48] Tenemos documentadas 137 bajas en el escalafón y 51 suspensiones de empleo y sueldo.

[49] Tenemos constancia de 68 expedientados de Consumos, 40 de Vías y Obras, 35 guardias municipales, etc.

[50]  13 de Consumos, 10 de Vías y Obras, 7 de Incendios, 6 guardias municipales, 5 Matadero, 4 Mercado, 3 de personal subalterno, 1 Jardines, 2 de beneficencia, dos de Secretaría y dos obreros de los que no conocemos si estaban asignados a algún servicio en concreto.

[51] Por secciones son los siguientes: 9 relacionados con el Servicio de Vías y Obras, 3 guardias municipales, 3 del Servicio de Incendios, 2 trabajadores del cementerio, 1 ordenanza, 1 de mercados, 1 oficial de secretaría y un electricista del Salto del Río Esgueva. De ellos, Alberto García Martín (guarda-peón del cementerio) y Eladio Pérez Heras (jefe del matadero) mueren en la cárcel. Por su parte, Miguel Castellano Hernández (alarife), Mariano Pérez Medina (jardinero) y Nicéforo Velasco Rodríguez (inspector-veterinario del matadero municipal) son fusilados después de procedimiento judicial.

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Relación de trabajadores del Ayuntamiento republicano de Valladolid asesinados y muertos en la cárcel tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936
(1ª parte de 3)
Homenaje del Ayuntamiento de Valladolid a su personal trabajador represaliado durante el franquismo

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Proceso de creación de la escultura homenaje
(2ª parte de 3)
por Manuel Sierra Álvarez