El Ayuntamiento de Valladolid aprueba la restitución pública de su personal trabajador represaliado durante el franquismo

En el pleno ordinario del Ayuntamiento de Valladolid del 5 de abril de 2022 se ha aprobado una moción destinada a reconocer al personal trabajador del Ayuntamiento de Valladolid represaliado durante el franquismo.

María Jesús Izquierdo, en nombre de la Fundación Jesús Pereda, ha presentado a propósito de la moción el siguiente texto:

La Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León, en su firme compromiso con la recuperación y difusión de la Memoria Histórica y Democrática, especialmente con la vinculada al ámbito laboral y al sindicalismo, quiere manifestar la necesidad de un acto de restitución pública del personal trabajador del Ayuntamiento de Valladolid represaliado durante el franquismo, así como de toda acción destinada a la visibilización de los lugares en los que las y los demócratas de la ciudad resistieron o fueron represaliadas y represaliados por defender la legalidad tras el golpe de Estado de 1936.

Durante muchos años, Valladolid ha sido presentada como la “capital del alzamiento” por sus “gestas heroicas” y por “su decisiva aportación en los primeros momentos de la guerra de liberación de España”, estoy citando palabras textuales del Boletín Oficial del Estado del 17 de julio de 1939.

Años de silencio y de olvido, incompatibles con una normalidad democrática, han apuntalado esta idea y han ocultado los intentos de resistencia al golpe de Estado de 1936 que existieron en nuestra ciudad, así como las terribles consecuencias de la represión franquista en un lugar donde nunca hubo frente de guerra.

En este mismo edificio, a las 6.00 de la mañana del día 19 de julio de 1936, los últimos disparos de los militares que habían salido del cuartel de Farnesio terminaron con la esperanza de seguir construyendo un Valladolid democrático. El alcalde Quintana y algunos concejales habían abandonado la casa consistorial sobre las 20.00 de la tarde. Desde entonces, serán los trabajadores que vivían en el tercer piso, los guardias de servicio y, sobre todo, los bomberos de retén los que defenderán heroicamente la legalidad republicana en la casa de todas y todos los demócratas.

Cuatro horas y media más tarde, caerá el último bastión republicano de la ciudad: la Casa del Pueblo, sede de la Federación Local de Sociedades obreras socialistas, situada en una manzana de las calles Fray Luis de León y Núñez de Arce, y que esa noche será el punto de encuentro de muchas de las formaciones políticas, sociales, laborales o culturales hermanadas por la democracia. Se reunieron más de 800 personas decididas a defender el régimen legal. Finalmente, 571 fueron detenidas esa mañana del 19 de julio.

A partir de ese momento se pone en marcha la maquinaria de la represión y se inicia una dictadura a la que había dado paso una sublevación de una parte del Ejército español que, traicionando los más elementales principios de lealtad con el propio Ejército y con su país, diseñó, dirigió y ejecutó esta sublevación.

Los Ayuntamientos que quedaron desde el 18 de julio en manos de los sublevados fueron inmediatamente depurados con órdenes, bandos y comunicaciones emitidos por las nuevas autoridades locales, incluso antes de que se consolidara una reglamentación sistemática para llevar a cabo el proceso. Esta depuración era un pieza más de la violencia política del franquismo, que no tenía más objetivo que realizar un proceso de limpieza ideológica que privara de sus puestos de trabajo a todo aquel personal que por su ideología era contrario al Nuevo Régimen y podía influir negativamente en su desarrollo.

Por los datos que tenemos hasta hoy, sabemos que más de 200 personas de la plantilla municipal fueron depuradas administrativamente mediante ceses y despidos (casi un 58%), suspensiones de empleo y sueldo y otro tipo de sanciones. Pero, además, 55 sufrirán penas de prisión y 21 fueron asesinados o murieron en la cárcel (un 32 %).

Por su parte, los detenidos en la Casa del Pueblo serán juzgados durante el transcurso del verano en cárcel nueva –actual centro cívico Esgueva-, dictaminando la sentencia de este proceso que se dicta el 2 de septiembre 40 condenas a muerte y para el resto penas de prisión. Entre los asesinados, la mayoría de los dirigentes de los trabajadores de la ciudad.

En ambos casos, se buscaba el castigo de los desafectos al golpe de Estado, pero también la intimidación y coacción y sumisión de todos los demás, así como la promoción de los adictos. Los potenciales “enemigos” del nuevo Régimen tenían que quedar excluidos de la sociedad civil.

¿Por qué se les castigó?: por haber pertenecido legalmente a partidos, sindicatos o asociaciones de ideologías progresista, republicana, socialista, comunista, anarquista, por frecuentar la  Casa del Pueblo o el Casino Republicano, por ser mujeres libres que traicionaron el papel de género que la nueva ideología tenía destinado para ellas, por ser madres, esposas, hermanas o hijas de los que soñaron con una sociedad más justa y libre.

Y, sin embargo, a pesar de estas brutales atrocidades y de la magnitud que consiguió alcanzar la represión franquista, aún necesitamos implementar políticas públicas que faciliten el conocimiento de lo que ocurrió con sus víctimas y con la reparación de su memoria. Tenemos que defender más que nunca las libertades y derechos, pero no podemos llamar reconciliación al abandono de las víctimas o convertir la impunidad en un hábito de la cultura política que ha funcionado como un grillete atado al tobillo de la democracia.

Necesitamos crear entre todas y todos una cultura contra el olvido de los defensores de aquella democracia, que sirva como recurso pedagógico para utilizar con los más jóvenes, pero también para ir creando en toda la ciudadanía una conciencia crítica que alerte ante los peligros de los totalitarismos y garantice las condiciones que eviten que se vuelvan a repetir hechos tan injustos y dramáticos. Solo así conseguiremos fortalecer la democracia y promover la convivencia para encarar el futuro con unos cimientos sólidos. No estamos levantando viejos fantasmas, se trata de dignidad, de justicia y de construir la paz.

Han pasado algunos años desde que el escritor Juan Gelman pronunciase las siguientes palabras al recibir el Premio Cervantes en 2007, pero aún siguen teniendo plena vigencia:

Ya no vivimos en la Grecia del siglo V antes de Cristo en que los ciudadanos eran obligados a olvidar por decreto. Esa clase de olvido es imposible.

Para San Agustín, la memoria es un santuario vasto, sin límite, en el que se llama a los recuerdos que a uno se le antojan. Pero hay recuerdos que no necesitan ser llamados y siempre están ahí y muestran su rostro sin descanso. Es el rostro de los seres amados que las dictaduras militares desaparecieron. Pesan en el interior de cada familiar, de cada amigo, de cada compañero de trabajo, alimentan preguntas incesantes: ¿cómo murieron? ¿Quiénes lo mataron? ¿Por qué? ¿Dónde están sus restos para recuperarlos y darles un lugar de homenaje y de memoria? ¿Dónde está la verdad, su verdad? La nuestra es la verdad del sufrimiento. La de los asesinos, la cobardía del silencio. Así prolongan la impunidad de sus crímenes y la convierten en impunidad dos veces.

Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia delante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular.

1. Isaías Bravo de Frutos, Guardia municipal

2. Juan Carbajosa Cubero, Oficial de Secretaría General

3. Miguel Castellano Hernández, Alarife

4. Teódulo de Castro Fernández, Escobero

5. Manuel Cortés Fernández, Mecánico electricista

6. Darío Cortijo Arrontes, Ordenanza

7. Pablo Díez Bermejo, Portero del cementerio

8. Lázaro Díez Puente, Escobero

9. Francisco Duque Domínguez, Escobero

10. Alberto García Martín, Guarda-peón del cementerio

11. Valentín Hernández Burón, Escobero

12. Félix Martín Gutiérrez, Carpintero

13. Marcial Mínguez Repiso, Guardia municipal

14. Aquilino Otazo Tordable, Jefe de bomberos

15. Eladio Pérez Heras, Jefe de matadero municipal

16. Mariano Pérez Medina, Jardinero

17. Dimas Sansierra Izcara, Bombero

18. Francisco Santamaría González, Guardia municipal

19. Arsenio Santos Sáez, Administrador del mercado del Val

20. Isidoro Valseca Rodríguez, Bombero

21. Nicéforo Velasco Rodríguez, Inspector veterinario del matadero municipal