El 12 de abril de 2018 es la fecha en que inició su recorrido el Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. Tardó en llegar más de lo debido, pero finalmente vio la luz. Gobernaba entonces en la Comunidad Autónoma el Partido Popular en solitario. En un segundo estadio, otro gobierno, formado ahora por PP más Ciudadanos, continuó desarrollándolo. Como parte también del abrigo de dicho Decreto, además de la propia Administración, figuran las entidades que han formado parte de su Consejo Asesor, es decir, las asociaciones para la recuperación de la memoria, las cuatro universidades públicas, la Federación de Municipios y Provincias y CCOO y UGT como sindicatos más representativos. Con mayor o menor éxito, los trabajos derivados del Decreto en cuestión han tenido siempre buena acogida, al margen de que sean mayores las aspiraciones de muchos de nosotros en esa materia.
Fruto de las deliberaciones y opiniones emanadas del Consejo, los gobiernos crearon una unidad administrativa al efecto; han aportado financiación reglamentaria para exhumaciones; han intervenido, como sucedió en Villadangos del Páramo, ante el incumplimiento de las leyes; o han encargado y financiado el mapa de fosas en Castilla y León. Además, en el último tramo de su andadura, el Consejo aprobó por unanimidad el itinerario que le tocaba seguir a la Junta de Castilla y León en estos temas, a saber: localización, exhumación e identificación de víctimas; divulgación de trabajos y resultados de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición; favorecimiento del enterramiento regular de las víctimas halladas o, en su lugar, dignificar los lugares de enterramientos irregulares; inventario de fortificaciones de la guerra civil; y elaboración de unidades didácticas sobre estos temas.
Este es el panorama y el plan de trabajo con los que se llegó a la reciente convocatoria electoral y a las nuevas perspectivas abiertas en función de los resultados de la misma. La novedad que ahora se presenta, una novedad dramática para la materia que tratamos, es la pretensión de un nuevo grupo político con aspiraciones de formar parte del Gobierno de dar carpetazo a estos asuntos y sentenciar el Decreto. Sin pretender cuestionar los resultados electorales, lo que se advierte es que la voluntad torcida de un grupo persigue anular la de todos los demás, que en ningún momento se han pronunciado ni mucho menos contra del Decreto, tal y como se verificó con el rechazo general a una PNL adversa en la legislatura recién agotada; o, de otro modo, mediante componendas, 13 procuradores imponen su equívoca visión histórica sobre la de los otros 68. Traládese eso mismo al cuerpo electoral.
La aritmética sumada a la razón debe ser la guía para reconocer lo que es o no es aceptable por el común de la sociedad, sobre todo para que sea tenido en cuenta por el partido llamado a formar gobierno, el Popular. Y en eso también está llamado a retratarse Alfonso Fernández Mañueco: mostrar su coherencia o su conveniencia, expresar su convicción democrática o su acomodamiento, destacar su afán de justicia o su liquidez moral.
Oportuno es concluir estas reflexiones regresando sobre el texto del Decreto ahora discutido. Señala en su preámbulo: “Los valores democráticos y la defensa de las libertades se constituyen, en el Estatuto de Autonomía, como principios que han de regir todas las políticas públicas, que han de orientarse a la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra la igualdad y la dignidad de las personas”. Pura humanidad.
Artículo de opinión de Ignacio Fernández, Secretario de Cultura y Movimientos Sociales de CCOO de Castilla y León
Publicado en El Día de Valladolid, 5 marzo 2022
